Subastas y seguridad energética: señales contradictorias y condiciones insuficientes

Colombia vive una paradoja inquietante. En medio de alertas de desabastecimiento y con la urgencia de incorporar nuevos proyectos que garanticen un suministro eléctrico seguro y continuo, el gobierno avanza en dos mecanismos: las subastas de cargo por confiabilidad (CXC) y las de contratos de largo plazo. Ambas iniciativas son bienintencionadas, pero dejan dudas sobre si generan incentivos suficientes para atraer inversionistas.

Las subastas de CXC parten de una premisa correcta: se requieren nuevos proyectos. Sin embargo, desde 2024 esperamos la asignación de puntos de conexión por parte de la UPME, que ha incumplido plazos y condiciones regulatorias, afectando la confianza de los inversionistas. Ante ello, la CREG permitió participar en la subasta a proyectos que no cuentan con punto de conexión, priorizando luego a los adjudicatarios y permitiéndoles hacerse cargo de las obras de expansión requeridas para habilitar su conexión en el evento en que el transmisor nacional u operador de red respectivo no las quiera ejecutar. No obstante, pese a las señales contenidas en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 124 de 2026 (esta última llegando tarde con la subasta en curso), el panorama regulatorio para proyectos sin punto de conexión sobre las condiciones en que se ejecutan las obras de expansión sigue siendo incierto y lleno de obstáculos, quedando además sujeto a conocer la obra de expansión requerida cuando su participación en la subasta ya no tiene vuelta atrás.

Las subastas de contratos de largo plazo (Resoluciones MME 40178 y 40208 de 2026) presentan una lógica distinta pero igualmente compleja. Buscan incorporar nuevas tecnologías como el almacenamiento y reducir la exposición de la demanda a un precio cuya configuración puede ser volátil sobre todo ante condiciones de hidrología crítica (i.e. El Niño). Sin embargo, a diferencia de 2019 y 2021, y a raíz de las señales de escasez, el mercado ya ofrece contratos bancables de largo plazo en condiciones altamente favorables para los inversionistas en proyectos de generación. Además, surge un riesgo crítico, pues los compradores que más acudirán a estas subastas son precisamente aquellos con mayor riesgo crediticio, con los que otros agentes no quisieran contratar al no poder garantizar la bancabilidad de dichos contratos. Así, adjudicar contratos de largo plazo a compradores de alto riesgo puede convertir un instrumento diseñado para dar certeza en una nueva fuente de inestabilidad financiera.

Igualmente, incluir productos que requieren almacenamiento no habilita automáticamente su incorporación: el modelo financiero para estas tecnologías puede requerir incentivos adicionales, como pagos por disponibilidad o potencia, que justifiquen la inversión en el CAPEX que requiere su instalación.

Colombia, además de lanzar subastas para garantizar la seguridad energética y perseguir otros objetivos de política pública, necesita construir condiciones habilitantes reales: conexión garantizada, optimización de procesos de licenciamiento y consulta previa, señales regulatorias consistentes sobre obras de expansión requeridas, fuentes de remuneración acumulables que permitan incorporar almacenamiento, y mecanismos que mitiguen el riesgo crediticio de algunos comercializadores.

Las subastas son un instrumento, pero la política energética coherente es el requisito previo. Sin ella, el mecanismo puede operar formalmente y fallar en la práctica, creando artificialmente fallas de mercado en lugar de resolverlas. Las señales de desabastecimiento no dan espera. Tampoco darán espera los inversionistas.